Adoptar el lenguaje del adversario es una forma de derrota y hay una izquierda que está siendo sometida en ese campo. A estas alturas, cualquier causa o demanda que le resulte incómoda al mundo conservador puede ser “woke”, porque el objetivo de usar esa expresión es ahorrarse argumentos. Del mismo modo se manipuló hasta tal punto la expresión “políticamente incorrecto”, que se la comenzó a usar para describir a cualquiera que difunda bulos, desinforme o directamente insulte a quien no piense del mismo modo. Repentinamente, ya nadie es matón, grosero o mentiroso, sino que solamente es “políticamente incorrecto”, una novedosa manera de ser considerado arrojado o valiente. El lenguaje no siempre crea realidad -parafraseando el mantra de otro sector que hizo del cultivo del enunciado bienintencionado una causa en sí misma-, pero muchas veces puede servir para confundirla, restarle dimensiones y complejidad, sacudirla de matices o simplemente reducirla a una matraca que se agita como un acto reflejo para provocar una sonajera ambiental que inhiba el razonamiento. El uso del concepto “woke” consiguió aplastar y anular demandas legítimas encapsulándolas en una caricatura fácil de proyectar en un ejemplo extremo, asimilando reclamos sinceros y atendibles con conductas radicales, ultronas y absurdas. Ciertas dirigencias del progresismo en lugar de separar la paja del trigo se rinden a tomar un atajo y repiten lo que escuchan como se hace con los estribillos pegajosos.

Los sectores conservadores han conseguido con la expresión “permisología” lo mismo que consiguieron antes con “woke”, poner en circulación un concepto resultón que evoca un fenómeno burocrático con el que nadie sensato estaría de acuerdo -detener faenas necesarias por razones ridículas, que no tienen sentido, o que benefician solo a un grupo-, pero que oculta el reverso de la trama: la cantidad de abusos cometidos porque algunos tienen los medios para salirse con la suya cuando no existen guardabarreras que los impidan. A estas alturas ya hemos visto suficientes barrios levantados en zonas inundables, desvío de caudales de agua para regadíos privados y desechos contaminantes que se arrojan donde más cómodo resulte hacerlo. Que repentinamente esto quedara fuera de los discursos y diagnósticos es magia pura. Escuchar a la precandidata Carolina Tohá hablando de “permisología” en lugar de mencionar la necesidad de modernizar el Estado indica que la derrota sigue en curso. Expresiones vagas, imprecisas, que suelen ser representadas con ejemplos extremos que son ofrecidos como si se tratara del todo. Y no son el todo. No significa ignorar que el fenómeno existe, que hay un entramado de leyes y normas que efectivamente se transforman en un estorbo para el desarrollo de proyectos que contribuirían al bienestar de la población. El desafío es no caer en la trampa del lenguaje ajeno, sino desactivarlo y proponer una manera más nítida y precisa de describirlo y resolverlo.

El uso despreocupado de un nuevo lenguaje inoculado desde la vereda del frente solo puede indicar que cierto progresismo ha olvidado el ciclo de descontentos por escándalos de abuso que comenzó en 2008 por la colusión de las farmacias, pasó por los cobros ilegales de La Polar en 2010, sumó las movilizaciones de Freirina y Aysén en 2012, y Chiloé en 2016. En todos esos casos no hubo “permisología”, sino más bien todo lo contrario. ¿Tan rápido se esfumó la sintomatología del abuso crónico y extendido? La única lógica que habría para rendirse así de fácil al lenguaje del adversario es que justamente esa izquierda esté buscando los votos de la derecha para ganar las primarias. De resultar la estrategia, el problema sería volver a desandar camino en la primera vuelta, dibujando una nueva identidad y un nuevo mensaje, otro más, para ofrecerlo en una nueva campaña. Un diseño sumamente exigente para un electorado desanimado y escéptico.

Las virtudes de Carolina Tohá como candidata son muy claras: es una política con experiencia, conoce cómo funciona el Estado, toma decisiones difíciles, asume consecuencias y se echó al hombro un gobierno tambaleante y desorientado para conducirlo hacia un espacio de sobrevivencia. El primer desafío para su campaña es la manera en que establece distancia de los errores del gobierno del que fue parte; el segundo, es que ninguno de sus atributos lucen cuando hay tanta confusión en el lenguaje utilizado por ella y por algunos de quienes públicamente la apoyan, el más reciente caso fueron las declaraciones del economista Óscar Landerretche, quien pareció sugerir que el Frente Amplio -cabeza del gobierno del que la candidata fue ministra- tuvo un rol en los hechos de violencia ocurridos durante el estallido. Quizás es un gesto de delimitación de aguas, pero uno muy poco coherente con el desarrollo de los acontecimientos transcurridos desde octubre de 2019.

La violencia existió, hubo incendios y saqueos, pero no hay pruebas que tuvieran conexión entre sí, ni siquiera de algo tan grave como los incendios de las iglesias -a lo que aludió Landerretche- o en las estaciones de Metro. Hubo vandalismo, pero en medio de una revuelta inorgánica, sin liderazgos, una situación que sobrepasó al gobierno de entonces, que dejó totalmente fuera de escena a los partidos, que convocó marchas en todo el país, porque a muchos se les olvida que esto no fue algo que ocurrió solo en Plaza Italia o el centro de Santiago. Es audaz, por decirlo de un modo sobrio, describir el estallido como un asunto teledirigido desde un partido, que ni siquiera existía en ese momento y que al mismo tiempo es acusado de inoperante e incapaz de entender el mundo más allá de Plaza Ñuñoa. Hacerlo también es rendirse, en este caso, a una narrativa que niega la existencia de problemas de fondo que subyacen al estallido y que aún no han sido resueltos, que siguen pendientes, solo que ahora disimulados por otra crisis, la de seguridad que, si bien es real, no es la única.